La sociedad colombiana necesita rápido soluciones: terminar protestas, desbloquear las actividades productivas y construir unos consensos políticos.
Francisco Miranda Hamburger / Director de Portafolio
El pasado viernes se cumplieron 30 días de protestas y bloqueos en Colombia que han sacado miles de manifestantes con reclamos a las calles, aislado regiones enteras del país, asfixiado el aparato productivo, paralizado empresas y tumbado el grado de inversión, dado un cimbronazo al Gobierno y la clase política, y generado una profunda crisis social, política y económica.
El paro nacional llega a su primer mes con un trágico balance tanto en muertes violentas como en pérdidas económicas. Las autoridades han reportado un saldo de 45 personas fallecidas, más de mil lesionados y cerca de 290 desaparecidos. Los enfrentamientos entre la Policía Nacional y grupos de manifestantes han convertido zonas enteras de ciudades como Bogotá y Cali en campos de batalla y han disparado las denuncias de abusos de derechos humanos y de vandalismo por minorías violentas.
Aún es pronto para establecer la magnitud exacta del impacto de un mes de parálisis en la senda de la reactivación de la economía. De acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda, las protestas han generado pérdidas al aparato productivo nacional cercanas a los 10,8 billones de pesos. Es un marcado contraste con los resultados positivos del primer trimestre del año, que incluso superaron las expectativas de los analistas.
Los impactos en el tejido empresarial del país, y en especial de regiones como el suroccidente, son severos. Una encuesta reciente de Confecámaras registró que el 22,2 por ciento de las empresas de todos los tamaños en el país habían suspendido sus operaciones por los más de 2.572 bloqueos en todo el territorio nacional. Y en el caso del Valle del Cauca una de cada cuatro empresas estaba paralizada.
Prácticamente todas las actividades productivas se han visto, en mayor o menor grado, afectadas por un mes de protestas y cierres ilegales. Ocho de cada diez proyectos de construcción han frenado o reducido su ritmo de ejecución. Los empresarios del agro reportan la pérdida de 1,9 billones de pesos por la imposibilidad de mover sus productos. Casi seis de cada diez empresas importadoras y exportadoras del país estiman afectaciones en un 80 por ciento de sus compras y ventas al exterior. Por el paro y los bloqueos se dejaron de producir 563 mil barriles de crudo y 150 mil toneladas de carbón.
La lista de los costos económicos de treinta días de protestas sigue y sigue sin que haya una luz al final de este túnel de parálisis y destrucción. Esta semana en Cali miles de ciudadanos marcharon en contra de los bloqueos que mantienen amordazada a la economía del Valle del Cauca, la tercera más grande del país. ¿Cuánto tiempo más soportará el aparato productivo nacional esta embestida?
Los reclamos sociales de los manifestantes, generados por años pero exacerbados por la pandemia y la crisis económica, merecen atenderse por los canales políticos y democráticos de la sociedad.
Los empresarios colombianos y sus directivos gremiales han enviado señales positivas de estar dispuestos no solo a asumir una carga tributaria para costear la respuesta estatal a la crisis sino también a participar en procesos de diálogo social para encontrar una salida a esas demandas ciudadanas.
El Gobierno nacional y el Comité de Paro deben comprender que la violencia en las calles, el tercer pico en los contagios y las pérdidas en la economía requieren un mayor sentido de urgencia en las negociaciones. La sociedad colombiana necesita rápido soluciones y el diseño de una hoja de ruta para terminar las protestas, desbloquear las actividades productivas y construir unos consensos políticos.