El país no logró demostrar a tiempo que tenía controles efectivos contra bienes ligados al trabajo forzoso.
Colombia queda en desventaja frente a México y Ecuador tras nuevo arancel de EE. UU. del 12,5 %
Esta crisis deberá ser revisada por el próximo gobierno. Foto: Imagen generada con inteligencia artificial.
Colombia comenzó a pagar desde este 24 de julio un arancel adicional del 12,5% para parte de sus exportaciones hacia Estados Unidos, después de que la Oficina del Representante Comercial de ese país (USTR) concluyera que el país no cuenta con controles suficientemente efectivos para impedir el ingreso de productos relacionados con trabajo forzoso.
Más allá del hecho, que sin duda golpea directo a la economía, la decisión es el desenlace de una investigación bajo la Sección 301 y de una carrera contrarreloj en la que Gobierno y empresarios intentaron evitar ese resultado. Durante las semanas previas al anuncio, tanto funcionarios del Ministerio de Comercio como representantes de los principales gremios exportadores coincidieron en que el margen para convencer a Washington era cada vez menor.
Aunque Colombia avanzó en nuevas disposiciones regulatorias y sostuvo un diálogo técnico permanente con las autoridades estadounidenses, esos esfuerzos no alcanzaron para cumplir las exigencias que Estados Unidos consideró necesarias antes de definir el nuevo esquema arancelario.
La investigación de EE. UU. encontró controles insuficientes
El origen de la decisión se encuentra en la investigación abierta bajo la Sección 301, mediante la cual Estados Unidos evaluó si distintos países contaban con herramientas efectivas para impedir el ingreso de bienes elaborados con trabajo forzoso. En el caso colombiano, el cuestionamiento no estuvo dirigido a afirmar que las exportaciones nacionales fueran producidas bajo esas condiciones, sino a la fortaleza del sistema de control sobre mercancías provenientes de terceros países que posteriormente pueden ingresar a los mercados internacionales.
Con ese diagnóstico sobre la mesa, el Ministerio de Comercio inició una agenda técnica con la USTR y con funcionarios de la embajada estadounidense. La viceministra de Comercio Exterior, Sofía Cañón, explicó que el propósito consistió en defender “nuestros encadenamientos productivos, nuestras exportaciones y una relación comercial que beneficia a ambas partes”, mientras el Gobierno preparaba respuestas regulatorias para atender las observaciones formuladas por Washington.
Las conversaciones también buscaron resolver otros llamados “irritantes” identificados por Estados Unidos, entre ellos reglamentos técnicos, aspectos del código aduanero y disposiciones relacionadas con trabajo forzoso. Paralelamente, Colombia presentó información técnica, estadísticas comerciales y evidencia sobre medidas equivalentes, además del respaldo de empresas estadounidenses con operaciones en el país que participaron en las audiencias adelantadas durante el proceso.
La respuesta regulatoria no alcanzó a consolidarse
Uno de los momentos determinantes ocurrió cuando el Gobierno intentó fortalecer el marco jurídico mediante un proyecto de ley. Sin embargo, el trámite legislativo llevó al Ejecutivo a modificar la estrategia y optar por resoluciones y decretos para responder con mayor rapidez a las exigencias planteadas durante la investigación. Esa decisión permitió avanzar, pero dejó pendiente el objetivo de construir un esquema normativo con mayor alcance institucional.
La propia viceministra reconoció esa dificultad al señalar que “nos hubiera gustado mucho que esto hubiera sido una ley”, mientras insistía en la necesidad de complementar las medidas adoptadas con nuevos instrumentos jurídicos. Posteriormente explicó que el propósito seguía siendo construir “una normatividad integral” que ofreciera un ecosistema regulatorio suficientemente sólido para responder a los estándares exigidos por las autoridades estadounidenses.
Ese diagnóstico también fue compartido por la directora jurídica del Ministerio de Comercio, Mónica Leonel. Según explicó, la resolución expedida representó un avance importante, pero las competencias legales de la entidad impidieron desarrollar un instrumento con mayores facultades. “Necesitamos un poquito más de fuerza interinstitucional para poder lograr el cometido”, afirmó, al señalar que el esfuerzo debía involucrar a varias entidades del Estado.
El tiempo terminó jugando en contra de Colombia
Mientras el Gobierno avanzaba en esos ajustes, el sector privado mantuvo abiertas las conversaciones con la USTR con la expectativa de que Colombia pudiera salir del grupo de países que enfrentarían el arancel del 12,5 %. Sin embargo, desde los gremios también advertían que el calendario comenzaba a convertirse en el principal obstáculo para lograr ese objetivo antes de la decisión definitiva de Washington.
La presidenta de Asocolflores, Laura Valdivieso, explicó que Estados Unidos había convertido la solución de los asuntos regulatorios en la condición indispensable para avanzar hacia cualquier discusión sobre aranceles. “Es como la llave para abrir la conversación”, afirmó. También advirtió que las autoridades estadounidenses pretendían cerrar el nuevo esquema antes de terminar julio, dejando un margen muy reducido para completar los cambios normativos pendientes.
La dirigente resumió la presión del calendario al asegurar que “las próximas dos semanas son críticas” porque solo una regulación plenamente vigente permitiría a Colombia aspirar a salir del grupo de países sujetos al arancel del 12,5 % y acceder a la tarifa del 10 %. Finalmente, Estados Unidos mantuvo al país dentro del grupo con el mayor recargo, al considerar que las medidas adoptadas aún no cumplían los requisitos exigidos.
El resultado deja una conclusión compartida entre funcionarios y empresarios. La discusión dejó de concentrarse exclusivamente en un incremento arancelario para convertirse en una evaluación sobre la capacidad institucional de Colombia para responder a nuevas exigencias regulatorias dentro de la política comercial estadounidense. Ese será ahora uno de los principales desafíos para el nuevo Gobierno, que buscará reabrir el diálogo con Washington y construir una base jurídica que permita solicitar una futura revisión de la medida.
FUENTE:https://www.portafolio.co/economia/gobierno/la-cadena-de-errores-y-decisiones-que-llevo-a-colombia-a-pagar-mas-aranceles-para-entrar-a-estados-unidos-498864