Sin embargo, ha trascendido que la paralización podría acotarse a las terminales de Maersk en Mobile, Alabama.
A poco más de una semana de la fecha límite y sin que las partes en conflicto se comuniquen entre sí, la posibilidad de una huelga de la International Longshoremen’s Association (ILA) en los puertos de la Costa Este (USEC) y del Golfo (USGC) a partir del 1 de octubre sigue creciendo. La asociación sindical y la United States Maritime Alliance (USMX), que agrupa a los operadores portuarios, siguen en desacuerdo sobre los aumentos salariales y la automatización portuaria, y los terminales involucrados ya están tomando medidas para reducir las operaciones. De acuerdo con Freightos se especula que una huelga podría apuntar a las terminales de Maersk en Mobile, Alabama, que han introducido la automatización a pesar de las objeciones de la ILA. Pero, incluso, en el caso de una huelga limitada, los estatutos de USMX exigirían un cierre patronal en todos sus puertos de la costa.
El presidente de la ILA ha insinuado que los miembros de la International Longshore and Warehouse Union (ILWU)- que agrupa a los estibadores de los puertos de la Costa Oeste- podrían hacer huelga o, al menos, negarse a prestar servicio a los buques desviados de la USEC en solidaridad. Pero como el contrato recientemente firmado por ILWU hace ilegales las acciones laborales intencionales, los observadores creen que los operadores podrían poner fin rápidamente a dichas acciones mediante mandatos judiciales.
Otra interrogante es cómo podría responder la Casa Blanca a una huelga. Especialmente en un año electoral, la administración demócrata de Joe Biden, que se muestra abiertamente pro-laboral, puede dudar en poner fin a una huelga mediante la Ley Taft-Hartley. Pero el impacto económico de un cierre prolongado es algo que la Casa Blanca probablemente también quiera evitar, lo que lleva a muchos a imaginar a que no se permitiría que una huelga de la ILA, de una forma u otra, dure más de una semana.
Al mismo tiempo, la ILA ha dado a entender que, si se les obliga a volver al trabajo, los miembros del sindicato podrían seguir alterando las operaciones mediante desaceleraciones laborales intencionales similares a las empleadas por la ILWU el año pasado.